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Mantener presos a comunitarios podría incendiar el Estado: Abogado

*** Siete de ellos, están presos sólo por la necedad de los jueces; dice Vidulfo Rosales

Gonzalo Molina Preso PolíticoBernardo Torres/API

Chilpancingo, Guerrero.- La falta de voluntad política del Gobierno de Guerrero y del Poder Judicial, mantienen presos a los 14 policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, agenda pendiente que podría incendia el Estado, advirtió el abogado defensor, Vidulfo Rosales Sierra.

Consideró que se ha construido el andamiaje jurídico en el caso de siete miembros de la CRAC presos, entre ellos Arturo Campos, incluso en el caso de Gonzalo Molina, a pesar de que tiene acusaciones adicionales como Terrorismo y Robo de Armas.

“Hay facilidades jurídicas, pero debe haber una voluntad política del Gobierno del Estado, y eso es lo que está faltando en el caso de Gonzalo y de los otros compañeros, porque el andamiaje jurídico ya está construido, ya está ganado, hay una brecha abierta en los tribunales federales”, expuso.

La discusión se reavivó recientemente con la liberación de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá Nestora Salgado, quien fue absuelta de los delitos de Secuestro y Homicidio.

En reiteradas ocasiones el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ha insistido en que los jueces que tienen los casos deben tomar en cuenta dichos criterios y analizar nuevamente los procedimientos que se han seguido.

Hizo un llamado a las autoridades a dialogar y analizar los casos, pues mantener a los presos políticos en la cárcel es una agenda pendiente “que puede incendiar al estado, puede seguir polarizándose en Guerrero, porque ellos están de manera injusta, deben ser liberados, y si tiene errores la crac, pues se debe dialogar para que se ordenen también ellos”.

Aunque dijo que estrictamente corresponde al Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en Guerrero, ni en el país existe la separación de poderes.

Vidulfo Rosales Sierra, quien lleva los casos de siete policías comunitarios, que fueron detenidos el 21 de agosto de 2014, misma fecha que Nestora Salgado, comparten las mismas causas penales que la comandanta de la Policía Comunitaria

“Ellos solamente tiene dos causas penales, que son secuestro, la causa penal  196/2014, que radica en el juzgado segundo en Tlapa y la causa penal 59/2015 radicada en el juzgado mixto de Ayutla”.

El único caso diferente es el de Gonzalo Molina, quien además de secuestro le fueron adicionados los delitos de Terrorismo del fuero común y federal, lesiones y robo de armas, sin embargo también en su caso hay muchos avances para que alcance su libertad.

Sin embardo dijo que “para las circunstancias donde comparten causas penales (con Nestora), los jueces debieran estar aplicando el mismo criterio a través de algún incidente de libertad por desvanecimiento de datos, debieran estar liberando a todos, son los mismos hechos, los mismos inculpados, los mismos agraviados, las mismas circunstancias el mismo tiempo, modo y lugar” insistió.

Explicó que si en el caso de Nestora, el delito de secuestro no se acreditó, porque son autoridades legítimas de la CRAC, amparados en una ley y marco constitucional y convencional, tendrían que estar saliendo libres también ellos.

Adicionalmente ellos han ganado otros amparos anterior a las resoluciones que obtuvo Nestora, en el caso de los seis presos que cayeron primero, ganaron el amparo 133/2015 del Juzgado  sexto de distrito en Acapulco, que resolvió en este mismo criterio, diciendo que la CRAC es una autoridad legítima, amparada en una ley y todas sus acciones son homologables a actos de autoridad.

En el caso de Nestora, alcanzó su libertad gracias a un amparo donde alegaron que no había tenido asistencia consular, con lo que se anuló todo lo actuado hasta ese momento, se le volvió a tomar su declaración, se abrió el proceso de instrucción y ahí el juez de la causa penal en ese  lapso de seis días resolvió la libertad de Nestora Salgado.

A pesar de que en este caso se siguió una ruta jurídica distinta, expuso que este mismo criterio debería ser valorado, y aunque no es la misma vía, podría darse un incidente de libertad por desvanecimiento de datos.

El desvanecimiento de datos, de acuerdo con el abogado “Es una figura procesal que tiene lugar cuando aparecen nuevos datos, nuevos elementos dentro del procedimiento penal que desvanecen todas aquellas pruebas que sirvieron de base para liberar una orden de aprehensión o para dictar un auto de formal prisión”.

Terrorismo, acusación premeditada de la PGJE en contra de Gonzalo Molina

En lo que respecta al caso de Gonzalo Molina, Vidulfo Rosales Sierra, manifestó que su detención y posterior proceso por los delitos de Terrorismo y Robo de Armas, fue una acción premeditada por parte de entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy Fiscalía General del Estado (FGE).

Pero encima de todo eso, en el caso de Gonzalo Molina hay avances sustanciales en los procesos que lleva por secuestro para que pueda quedar en libertad “sobre los otros delitos veo también elementos, muchos criterios de la suprema corte que para el caso de terrorismo se debe actualizar”.

Explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite actualizar las acusaciones, y en a la defensa de Gonzalo Molina no se les ha permitido entregar nuevas pruebas, que podrían demostrar su inocencia, incluso por Terrorismo y Robo de Armas.

“Hay por lo menos cinco resoluciones de jueces federales en los que se viene de manera reiterada confirmando este criterio es que la policía comunitaria es un ente legítimo, por lo tanto en la detención de personas que efectúa dentro de su territorio no pueden constituir delitos, menos secuestro, incluso hasta por armas han resuelto dejar en libertad a la gente de la CRAC, consideran que aun sin un permiso pueden ellos portar licencia porque están reconocidos como entes que pueden realizar tareas de seguridad pública que forman parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública”.

El delito de Terrorismos, indicó, se configura cuando la población vive un miedo y un terror generalizado producto de la acción que está haciendo un grupo determinado, que trastorna la vida pública de las personas, donde toda la población se ve sometida a actos de terror, sin embargo, dicha acción no se acredita así en el expediente, pero así lo encuadró “deliberadamente” la procuraduría General de Justicia.

Referente al delito de Robo de armas, añadió “está acreditado que no se robaron las armas, las cuales se encuentran en la casa de justicia del Fortín, hay un acuerdo que se firmó en ese entonces con el presidente municipal de que las armas se entregarían una vez que fueran liberados, pero las armas están ahí”. (Agencia Periodística de Investigación)  

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