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Absolución de Nestora abre camino a la libertad de comunitarios presos: Vidulfo

Bernardo Torres/API

Chilpancingo, Gro.- La libertad de Nestora Salgado abre la posibilidad de que en menos de un año sean dejados en libertad los ocho policías comunitarios presos en Chilpancingo y Ayutla, señaló el abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.

Señaló que ahora los jueces, deben de medir con el mismo criterio estos casos, pues los delitos por los que se les acusan son prácticamente los mismos que la comandante de la policía comunitaria de Olinalá.

Dio a conocer que en el mes de diciembre un juez federal otorgó un amparo a los ocho comunitarios presos, en el que señaló que era inconstitucional el auto de formal prisión, porque no había elementos para dictarlos debido a que todos los actos que realizaron los policías comunitarios fueron actos de autoridad.

Las actividades de la Policía Comunitaria, señaló, están sustentadas en las leyes, 701, el convenio 169, y reconocidos por la propia Constitución Mexicana, además de que estuvieron arraigados de manera ilegal durante 60 días en Acapulco, por lo que las pruebas fueron obtenidas de manera ilícita.

Acusó que en los términos legales los comunitarios deberían haber sido dejados en libertad hace mucho tiempo, pero hay una cerrazón por parte del Poder Judicial del Estado de Guerrero de no aceptar los parámetros legales asentados en los convenios y leyes que rigen a los pueblos indígenas.

Actualmente hay ocho policías comunitarios presos por los delitos de Privación Ilegal de la Libertad, entre ellos los líderes, Gonzalo Molina, recluido en Chilpancingo y  Bernardino Hernández y Arturo Campos Herrera, quienes se encuentran en el penal de Ayutla.

Rosales Sierra, consideró que existe una consigna de parte de los gobiernos en turno para mantenerlos presos, como ocurrió desde el gobierno de Ángel Aguirre, Rogelio Ortega y actualmente con el de Héctor Astudillo, sigue en la misma dinámica.

Las presuntas víctimas que mantienen a los policías comunitarios presos, son una mujer de nombre Katia Espinoza Bolaños, quien se dedicaba al narcomenudeo en el municipio de Olinalá, Pedro Gil Apreza Salmerón, dueño de una cantina y que fue detenido por la CRAC, y quien incluso hirió de bala a un comunitario.

La segunda acusación que pesa en su contra es el secuestro de 43 personas, que estaban sometidas a procesos de reeducación en la Casa de Justicia de la comunidad de “El Paraíso” en el municipio de Ayutla de los Libres, de donde fueron liberados en un operativo que ejecutó el Ejército Mexicano.

Estas 43 personas, se encontraban detenidas por los delitos de secuestro, homicidio, violaciones, posesión de armas y drogas, entre otros.

“incluso al momento de su liberación se estaba negociando con el Gobierno del Estado, que fueran procesadas por los delitos que se les acusaba, pero nunca lo fueron” precisó.

Responsabilizó directamente al gobierno de Ángel Aguirre Rivero, sobre esas detenciones, pues ocurrieron en un momento en que la presión del Movimiento Social estaba en ascenso; los surgimientos de grupos de autodefensa en varios estados del país, así como las protestas del Magisterio contra la Reforma Educativa. (Agencia Periodística de Investigación)

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