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Ejército y Policía cuestionados por vínculos por el narco, en 2015

Fotografía: Jonathan Cuevas/API

Fotografía: Jonathan Cuevas/API

Bernardo Torres/API

Chilpancingo, Gro.- En 2014, con la agudización de la violencia en el Estado de Guerrero, el caso Ayotzinapa en la recta final del año y que trajo como consecuencia uno de los movimientos sociales más fuertes en el país en la última década, que consumió todo el año 2015, las fuerzas policiacas fueron exhibidas por su nula capacidad para hacer frente a este fenómeno.

El 26 y 27 de septiembre del 2014, el narcotráfico exhibió al Estado, llámense autoridades municipales, estatales y federales; exhibió al Ejército Mexicano, que pasó de ser el responsable de la Seguridad Nacional, a ser señalado por desapariciones masivas y ejecuciones extrajudiciales, en Guerrero y Michoacán principalmente.

Ya en esta entidad suriana desde el surgimiento de las autodefensas en 2012, se había dado muestras de un hartazgo social, por la omisión de las fuerzas de seguridad ante la ola de violencia, secuestro, extorsión y ejecuciones por el crimen organizado y que detonó con el caso Ayotzinapa.

La situación se vio venir desde que en el 2006, el entonces presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, envió al Ejército a realizar labores de seguridad pública, así como la creación de la Policía Federal, que trajo además de miles de desapariciones, violaciones a los derechos humanos.

En Guerrero, no era un problema nuevo, pues casos como; El Charco, Aguas Blancas y la violación de las indígenas Inés y valentina, sentaban el precedente para argumentar un rechazo por parte de la población y principalmente por las víctimas.

Las fuerzas policiacas y militares carecen desde entonces de credibilidad y confianza, durante el 2015 se dieron en el estado ataques contra instalaciones del Ejército, en otros casos fueron expulsados de las comunidades, policías federales fueron retenidos y acusados de proteger a grupos de la delincuencia organizada en reiteradas ocasiones.

Más allá de que el movimiento social fue prácticamente desarticulado en la entidad, durante el efímero paso de Rogelio Ortega por el Gobierno de Guerrero, a base de grandes sumas de dinero que él mismo dio a conocer casi al término de su administración.

Las fuerzas de seguridad no pudieron recuperarse a pesar de que después de los casos de Ayotzinapa, Apatzingán, Tlatlaya y Ostula, el Gobierno Federal hizo una serie de anuncios en materia de derechos humanos, al cierre de este 2015 cierran como los grandes perdedores en la lucha por contrarrestar los movimientos sociales y en la guerra contra el narcotráfico.

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A principios de 2016, a casi cuatro meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl isidro Burgos”, las protestas del movimiento social se encauzaron contra el Ejército Mexicano, al encontrase indicios de la presunta responsabilidad, por acción u omisión del 27 Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Iguala.

El 12 de enero, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, acompañados de un grupo de al menos 500 personas acudieron al 27 Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Iguala, para exigir la apertura de los cuarteles, donde aseguraban podrían estar ocultos sus hijos.

Elementos del Ejército Mexicano con equipo antimotines los replegaron a golpes, a pedradas y con gases lacrimógenos cuando un contingente intentó ingresar por la fuerza a las instalaciones militares; hubo intercambio de pedradas y botellazos entre ambos bandos, lo que dejó un saldo preliminar de 15 manifestantes heridos, entre padres y estudiantes.

Por primera vez, se observó a un Ejército Mexicano, cubiertos con equipo antimotines, utilizando toletes y repeliendo a manifestantes a pedradas y con gas lacrimógeno; lo que marca un hito en la historia del movimiento social en Guerrero y en el país.

La acción fue severamente criticada por los medios de comunicación, organizaciones sociales y parte de la clase política.

Tras este hecho se suscitaron una serie de ataques a cuarteles militares; en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, estudiantes normalistas introdujeron un camión al cual prendieron fuego, en repudio a la agresión sufrida minutos antes.

La Acción se reprodujo en Chilpancingo, donde los manifestantes incendiaron una camioneta del Gobierno del Estado en la puerta principal de la 35 Zona Militar; protestas menores se llevaron a cabo en otras ciudades del estado.

El 03 de febrero, habitantes de la comunidad de Petaquillas, expulsaron a un grupo de 200 elementos del Ejército Mexicano a quienes habían mantenido retenidos durante más de cuatro horas.

El motivo era la inacción de las fuerzas castrenses ante los embates que esta población estaba siendo víctima por parte del grupo delincuencial denominado “Los Ardillos” y que actualmente siguen operando en los municipios de Quechultenango y los límites con Chilapa, donde han desencadenado una sangrienta lucha por el territorio.

El 07 de febrero, Militares desalojaron un bloqueo que mantenían pobladores de Petaquillas sobre la carretera federal Chilpancingo-Acapulco; decenas de mujeres fueron golpeadas con toletes y escudos, por lo que desde entonces el Ejército no fue bien recibido en esta población de donde exigieron que las fuerzas policiacas fueran retiradas de manera definitiva.

El 28 de marzo, la Policía del Estado de Guerrero protagonizó un brutal ataque en contra de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Chilpancingo, sobre la carretera Iguala-Tixtla, donde cuatro estudiantes fueron detenidos por los uniformados de manera violenta.

Los normalistas a bordo de un autobús regresaban a sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Tixtla, cuando a la altura del punto conocido como Tierras Prietas fueron interceptados por un grupo de al menos 100 policías antimotines, quienes lanzaron piedras a la unidad hasta dejarla completamente destrozada.

Tras estos hechos en la ciudad de Tixtla, fueron incendiadas por los estudiantes patrullas de la Policía Estatal y cuatro policías fueron golpeados y retenidos, hasta que sus compañeros fueron liberados.

El 03 de junio previo al proceso electoral para elegir diputados locales, federales, presidentes municipales y gobernador del estado de Guerrero, las carreteras entre Chilpancingo y Tixtla, fueron selladas por elementos de la Policía Estatal, Policía Federal y Ejército Mexicano.

Esto ante el amague de los normalistas y del magisterio de boicotear el proceso electoral.

Padres de los 43 y normalistas que se dirigían a una reunión que se llevaría a cabo en el Distrito Federal intentaron pasar uno de los filtros ubicados a la altura del “túnel” de la carretera de cuota Tixtla-Chilpancingo, pero no les fue permitido, por lo que se suscitó un fuerte enfrentamiento.

Un fuerte intercambio de piedras, gas lacrimógeno y petardos, durante media hora, dejó un saldo de al menos cuatro policías y dos normalistas lesionados.

El 15 de julio, tras los primeros informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde informó sobre la responsabilidad del Ejército en los hechos del 26 y 27 de septiembre, los padres de los 43 reiniciaron la arremetida contra los cuarteles militares.

Este día los Padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, se encararon con policías antimotines del 27 Batallón de Infantería ubicado en Iguala, Guerrero, luego de que intentaran ingresar al cuartel militar.

Durante al menos 15 minutos hubo un conato de enfrentamiento luego de que los padres de los 43 derribaran la valla metálica del lugar, sin embargo, éste terminó cuando los policías antimotines dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma.

Los días previos a conmemorarse el primer año del asesinato de los estudiantes en la ciudad de Iguala y la desaparición de los 43, las movilizaciones arreciaron y la presencia policiaca en el estado se incrementó de manera considerable.

Tres mil policías federales habían permanecido durante casi un año en Chilpancingo, y cientos de militares fueron desplegados por las carreteras del estado; sobre los libramientos Chilpancingo-Tixtla, una semana antes fueron colocados retenes dispuestos para impedir el paso de normalistas hacia la capital.

El 22 de septiembre, padres de los 43 y normalistas intentaban llegar a la capital del estado para realizar protestas, pero fueron interceptados en la carretera; ahí se suscitó un nuevo enfrentamiento con elementos de la Policía Estatal, donde hubo intercambio de piedras y gas lacrimógeno.

Esta vez no hubo personas lesionadas y ambos grupos se replegaron tras una hora de enfrentamientos.

Uno de los últimos enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas policiacas ocurrió días después de haber ingresado el nuevo gobierno del estado, encabezado por Héctor Astudillo Flores, cuando los normalistas pretendieron apoderarse de una pipa de combustible de 80 mil litros.

En esta ocasión se suscitó una persecución desde el libramiento de “Tierras Prietas”, hasta la caseta de cobro de dicha carretera, en el espacio intermedio se dieron dos fuertes enfrentamientos en el que los policías arremetieron contra los manifestantes y detuvieron a una veintena, a punta de golpes y toletazos.

El saldo fue de al menos 15 estudiantes lesionados, y la policía logró recuperar la pipa de combustible.

Fotografía: Jonathan Cuevas/API

Fotografía: Jonathan Cuevas/API

Complicidad entre fuerzas de seguridad y el narco

El desborde de la violencia en la entidad, los señalamientos del movimiento por los 43 hacia el Ejército y las corporaciones policiacas han llevado a la población a desconfiar cada vez más de los responsables de garantizar la seguridad, y en este 2015 especialmente el hartazgo de sociedad los ha llevado a rechazar a las policías.

El hecho nos remonta a aquel 05 de agosto de 2013, en la comunidad de “El Pericón” municipio de Tecoanapa en la Región de la Costa Chica de Guerrero.

Elementos del Ejército Mexicano desarmaron a siete policías comunitarios, lo que encendió el enojo de los pobladores y retuvieron a unos 200 militares durante dos días, los que duró la negociación con el Gobierno de Ángel Aguirre Rivero, bajo la condición que la Región se considerara libre de policías.

Este hecho marcó el precedente, de que “cuando el pueblo se levanta” las armas y los rangos pasan a segundo plano.

A principios de este año, cuando ingresaron los grupos de autodefensa al poblado de Petaquillas, nuevamente el Ejército, la Policía Federal y Estatal intentaron frenar el avance sin tener éxito, la desconfianza de la población y las acusaciones de proteger al grupo criminal “Los Ardillos” los hicieron retroceder.

El 28 de octubre pobladores de Carrizalillo en el municipio de Eduardo Neri retuvieron a 9 elementos de la Policía Federal acusándolos de querer introducir al pueblo a miembros del grupo delictivo conocido como “Guerreros Unidos”.

Los pobladores afirmaron que quienes viajaban en las patrullas oficiales de la Policía Federal son integrantes del grupo delictivo en mención, porque fueron desterrados de ese pueblo hace un año, y se dedicaban a cometer extorsiones y secuestros.

E insistieron en que: “iban resguardadas estas personas por elementos de la Policía Federal en dos patrullas, y debajo de los asientos traían su armamento. Ya han estado aquí extorsionándonos estas personas, ellos vivían aquí y estaban bajo las órdenes de la familia Peña Celso”.

Los pobladores de Carrizalillo mantuvieron retenidos a los Policías Federales hasta las 03:00 de la madrugada, los cuales entregaron a la Marina Armada de México, aunque días después fueron liberados; también exigieron la salida del 27 Batallón de Infantería y solo permitirían el ingreso de elementos de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo.

Tras este hecho en Carrizalillo, surgieron denuncias de otras poblaciones como Amatitlán y Tenantla, que señalaron directamente al Ejército y la Policía Federal de haber introducido a miembros de “Los Guerreros Unidos” a sus comunidades, presentándolos como “Policías Comunitarios”, de donde se desprendieron varios testimonios.

El ex comisario de la comunidad de Amatitlán, dijo a los reporteros que durante los primeros días de la estadía de los Guerreros Unidos en el pueblo, llegaron con ellos elementos del 27 batallón de infantería a los que reconocieron por los logos de las patrullas militares por lo que en un principio creyeron que se trataba de un acto legal.

“Venían con militares y por eso pensamos que sí eran comunitarios pero luego nos dimos cuenta de sus actividades”.

Agregó que en varias ocasiones solicitaron apoyo de las autoridades y arribaban elementos de la 35/a zona militar pero los habitantes eran amenazados de muerte en caso de decir alguna palabra por lo que nunca se supo sobre el secuestro del pueblo.

El grupo criminal se retiró del poblado en el mes de octubre tras un fuerte dispositivo de seguridad por los hechos que tuvieron lugar en Iguala aunque es hasta el día de hoy que revelan los hechos que tuvieron lugar en su comunidad.

Los habitantes de Amatitlán, solicitaron el apoyo del gobierno para brindar seguridad pues se encuentran expuestos al revelar las acciones de GU en esa región aunque aclararon que no quieren la presencia del 27 batallón pues ellos eran parte del grupo criminal a quienes escoltaban hasta el pueblo.

Tras varios asesinatos en la parte serrana de la entidad por miembros de la delincuencia organizada, al menos 49 pueblos de los municipios de Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Eduardo Neri y Chilpancingo, solicitaron la ayuda de la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Sin embargo, el 13 de noviembre los policías fueron desarmados y entregados—según los pobladores—al grupo criminal liderado por los hermanos Villalobos—grupo que se desprendió de los Guerreros Unidos—un elemento apareció sin vida y otro sigue desaparecido.

Ese día 200 militares fueron retenidos en la comunidad de Carrizal de Bravo, los pobladores denunciaron que, tras el desarme de sus compañeros, miembros del grupo criminal liderado por los hermanos Villalobos asesinaron al menos a 15 policías comunitarios en el poblado de Ojo de Agua, aunque posteriormente se confirmó solo un elemento asesinado.

Unas mil personas provenientes de los poblados de Yextla, Izotepec, Jaleaca, Los Morros, Filo de Caballos y el Ranchito, que respaldaban a los “comunitarios” de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), interceptaron a los soldados adscritos a la 35 Zona Militar, en el poblado de Carrizal de Bravo, municipio de Leonardo Bravo, un día después fueron liberados.

Después de estos hechos en la zona de la sierra se desató una ola de violencia entre los dos grupos de la delincuencia organizada, dejando a la población a merced de los grupos armados que se disputan el control de la zona, donde se siembra gran parte de la amapola y la marihuana del Estado.

En varios municipios de la Sierra de Guerrero, hay un marcado rechazo a la presencia de elementos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, a quien tanto los padres de los 43, como pobladores vinculan con el grupo criminal de los “Guerreros Unidos” y como co-partícipes de la desaparición de los estudiantes.

Apenas hace tres días en una manta dejada frente al Palacio de Justicia de Iguala, señalaron a mandos de la Policía Federal de recibir dinero de dicho grupo a cambio de “favores”, como permitir la operación de los miembros de dicho cártel.

El pasado 01 Familiares del Comité “Los Otros Desaparecidos” de Iguala, exigieron a la Procuraduría General de la República que muestre a las familias de policías desaparecidos los uniformes y cosas encontradas en las fosas clandestinas de “Tijerillas”, porque consideran que de esta forma podría haber una identificación más rápida de los cuerpos exhumados.

Y es que días antes miembros de este colectivo y elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), exhumaron dos cadáveres más de las fosas clandestinas ubicadas en el predio conocido como “Tijerillas”, de los cuáles uno tenía uniforme de la Policía Municipal y un collar con dije de colmillo.

Ese día la PGR reactivó la exhumación de cuerpos en las fosas ubicadas desde el día 08 de noviembre en este predio cercano a la comunidad de El Naranjo, donde a diferencia de otros parajes donde han ubicado fosas clandestinas, en éste fueron encontrados tres uniformes militares que fueron asegurados apenas el martes 01 de diciembre.

En una de las fosas fueron encontrados en un primer momento siete cadáveres, y en otra dos, durante los primeros tres días de la semana anterior. De la primer fosa fueron extraídos siete uniformes de la Policía Municipal (cuatro completos y tres incompletos), junto a las osamentas.

En esa misma fosa, este lunes fueron ubicados dos cadáveres más; uno de ellos con uniforme policial y la parte de los ojos vendados,  estos restos traían un colgante sobre la parte del cuello con dije de colmillo.

El Comité “Los Otros Desaparecidos” informó que en “Tijerillas” se han recuperado 11 cuerpos en total y faltan más fosas por descubrir. De los 11 cuerpos recuperados 8 llevaban uniforme de policías municipales, confirmando que dentro de su comité hay varias familias cuyos desaparecidos eran oficiales de la corporación municipal, lo que genera importantes expectativas para poder identificar esas osamentas.

Sin embargo, y a pesar de todos los señalamientos que ha habido en contra del Ejército Mexicano y la Policía Federal, el primer día de su mandato, Héctor Astudillo Flores junto al gabinete de seguridad del Gobierno Federal, implementaron un operativo de seguridad en el estado, comandado por el Ejército Mexicano. (Agencia Periodística de Investigación)

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